EDITORIAL DEL DIARIO LA NACION

Miércoles 29 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial II

La impunidad como política oficial

Representa un enorme llamado de atención el aval presidencial a la política del terror y de jaquear las instituciones

EN el afán de reescribir la historia argentina para que encaje con el fantaseoso relato nacional y popular del kirchnerismo, se cercenan, manipulan o distorsionan hechos, protagonistas y hasta las circunstancias que conforman el contexto de lo que se pretende transmitir.

Esta perversa metodología hizo que se trastrocaran los valores centrales para la convivencia en democracia, transformando acciones terroristas o agresiones a las instituciones del Estado y a su población civil inocente en hechos producidos por jóvenes idealistas que, amparados en sus supremos ideales, resultaron avalados para cometer todo tipo de delitos aberrantes, convenientemente ocultados o disfrazados de cara a la opinión pública. Uno de ellos fue la denegación al Reino de España del pedido de extradición del terrorista etarra Jesús María Lariz Iriondo en 2005, acusado de perpetrar atentados con coches bomba y que había sido requerido para ser juzgado por el juez Baltasar Garzón. Aquí la acción se consideró prescripta y, a pesar de los pedidos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (España), el criminal permanece en la Argentina.

Otro hito de similar gravedad fue la creación, en 2010, de la Galería de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa de Gobierno. Entre los homenajeados se incluyó al guerrillero Ernesto "Che" Guevara, figura sobre la que pesan acusaciones de haber cometido crímenes gravísimos, como los fusilamientos en La Cabaña, Cuba, donde miles de cubanos perdieron la vida bajo las balas de los revolucionarios castristas. Ningún presidente democrático argentino demostró jamás tan abiertamente su simpatía por el Che Guevara como lo hace Cristina Kirchner.

En 2010, el actual gobierno otorgó el estatus de refugiado político al ex terrorista chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuya extradición había pedido formalmente nuestro vecino Chile ante la ?reapertura de la causa judicial por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio. En una muestra más de cercanía con este tipo de personas, cabe apuntar que la esposa de Apablaza Guerra trabaja en la Casa Rosada. En octubre de ese mismo año, una fundación chilena de víctimas del terrorismo viajó a nuestro país para pedir a la Presidenta la extradición de Apablaza. El pedido de entrevista nunca fue respondido.

Finalmente, hace pocos días, la Presidenta homenajeó al fundador de la organización terrorista Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Envar El Kadri, quien comandó una organización armada que asesinó cruelmente y sin miramientos de ningún tipo a ciudadanos inocentes tanto en democracia como en tiempos de gobiernos de facto, atacó comisarías y robó armas, entre otros graves delitos.

Este ensalzamiento del accionar criminal y violento que protagonizan hombres y mujeres inescrupulosos sugiere que la jefa del Estado convalida esta metodología del terror y avala a quienes agredieron criminalmente a ciudadanos inocentes y pusieron en jaque a las instituciones del Estado.

La presidenta de la Nación, como representante de todos los argentinos, debería hacer suyas las palabras del ex secretario de la ONU Kofi Annan, cuando en 2006 advirtió: "Debemos dejar perfectamente en claro que ninguna causa, por más justa que sea, puede ser excusa para el terrorismo. Ello incluye la legítima lucha de los pueblos por la libre determinación. Ni siquiera ese derecho fundamental, definido en la Carta de las Naciones Unidas, justifica el asesinato y la mutilación deliberados de civiles y no combatientes". No hay entonces justificativo alguno para atentar contra civiles inocentes. Jamás.