Justicia para malditos

por Mauricio Ortín para El Tribuno de Salta.


“Siempre el Ejército fue el brazo armado de la burguesía” es lo que afirmó, categóricamente, la doctora Gloria León en el juicio conocido como “El juicio Base Naval 2”, que se sustanció en el presente año en la ciudad de Mar del Plata. Esta maniquea y simplificadora lectura de la historia argentina, si hubiera sido dicha a título personal o en representación de un particular cualquiera, podría pasar como parte del sano ejercicio de expresar libremente el pensamiento. Pero, dado que el representado en este caso es el Estado nacional, la cita como parte del alegato de la abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, necesariamente debe entenderse como el reflejo del pensamiento que guía algunas políticas de Estado del actual gobierno.
Los dichos aludidos de la doctora León se enmarcan, inconfundiblemente, en la idea marxista de que la historia es el resultado de la lucha de clases. Lucha que, en la etapa capitalista, enfrenta a dos actores protagónicos: la burguesía (poseedora del Estado y de los medios de producción) y el proletariado (dueño sólo de su “fuerza de trabajo”). Marx, al respecto, profetiza que, más temprano que tarde, el conflicto fatalmente se decidirá con la victoria de los explotados (la clase obrera o proletaria) sobre los explotadores (la clase burguesa de los empresarios). Sostiene, también, que no existe nada más importante para el hombre que ayudar a que este destino histórico se cumpla. El arte, la moral, el derecho y la ciencia deben estar al servicio de imponer la dictadura del proletariado. Con este propósito, resulta imperativo que el empresariado junto a su brazo armado (el ejército) sean eliminados. Tal es lo que pensaban, manifestaban y llevaban a la práctica Roberto Santucho y Mario Firmenich, jefes del ERP y Montoneros, respectivamente. No hace falta demostrar que el camino elegido por estos señores para lograr sus fines no era, precisamente, el que marca el Estado de Derecho. A propósito, habría que preguntarle a la doctora representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, si los Montoneros respetaban tales derechos. Esto, porque Gloria León en su declaración como testigo en juicio, muy segura de sí misma, expresó: “yo siempre digo que no tuve el honor de pertenecer a la organización política militar Montoneros”.
La concepción marxista de la justicia parte del supuesto de que la pertenencia a la clase social burguesa establece, objetivamente y a priori, la culpabilidad del individuo. Lo mismo vale para las Fuerzas Armadas (“el brazo armado de la burguesía”). Los que integran el bando revolucionario, en cambio, gozan de la inmunidad que les otorga el estar del lado de la “razón histórica”. De allí que las pruebas de hechos criminales para condenar a unos y absolver o siquiera acusar a otros están demás (se “suplen” satisfactoriamente con propaganda “revolucionaria” y prensa progre).
Una muestra elocuente de justicia clasista es el auto de procesamiento a Pedro Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma, y a Alberto Lemos, ex gerente de esa empresa, dictado por el juez Poviña. Ello, porque en el referido auto de procesamiento el instructor no presenta ni una sola prueba o indicio que amerite que los acusados deben ser llevados a juicio por facilitar vehículos para la privación ilegítima de la libertad de personas. Lo que sí, en cambio, abunda en el texto de Poviña, son opiniones subjetivas que construyen una versión clasista, parcial y carente del mínimo rigor científico sobre la relación entre los propietarios de la industria azucarera y el poder (político o militar, según el caso). Deduce el juez que estaría probado que las fuerzas represoras de la policía, la gendarmería y el ejército actuaron (parafraseando a la doctora Gloria León) como “el brazo armado” del Ingenio Ledesma. Su función era la de reprimir a los dirigentes sindicales que exigían mejores salarios y condiciones de trabajo al patrón explotador. Luego, es obvio (según el juez) que Blaquier y Lemos facilitaban los vehículos con pleno conocimiento de que iban a ser usados para secuestrar personas. Ahora bien, ni siquiera como indicio, tal cosa se puede deducir de ningún testimonio o circunstancia que obre en la causa; pero sí, en cambio, se la puede desprender de la fértil imaginación de Marx, Engels, Lenin y otros que sabían de la culpabilidad de Blaquier y Lemos antes de que estos hubieran habitado el vientre materno. Para esta “justicia” han nacido malditos y a los malditos, como decía un señor: ­Ni Justicia!

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