La Dra. María Laura Olea, ha renunciado después de 28 años en el Poder Judicial a la Secretaría de la Cámara de Casación.
La persecución judicial de la que ha sido objeto tuvo punto cúlmine en la prohibición de defender a su padre, el General Braulio Olea acusado injustamente por violaciones a los Derechos Humanos en la causa Escuelita.
Es lamentable que el Poder Judicial se quede sin estos representantes honestos, cuyo lugar será pronto ocupado por algún obsecuente grotesco en detrimento de un mejor servicio de justicia.
Su renuncia demuestra una moral inquebrantable y, en contraposición, el triste nivel al que se somete un Poder Judicial farandulesco, pleno de protectores del narcotráfico y de las políticas marcadas por el Poder Ejecutivo.
Su renuncia la dignifica y aquí la adjunto
Andrea Palomas.
Buenos Aires, 7 de
febrero de 2013
Al Sr. Presidente de la
Cámara Federal de Casación Penal
Dr. Gustavo Hornos
S / D
Tengo el
honor de dirigirme a V.E. en mi carácter de Secretaria de Cámara –contratada-
ante la Vocalía
nº 9 de la Cámara Federal
de Casación Penal, a cargo del Dr. Eduardo Rafael Riggi, a fin de presentar mi
renuncia a partir del día 13 de febrero del corriente año.
Mediante
resoluciones nº 903/12 y nº 992/12 dictadas en los expedientes nº 38/11 y nº 14/12, el Tribunal de Superintendencia
de ese cuerpo dispuso por “motivos de
decoro” que cesara en forma inmediata en el ejercicio de la defensa de mi
padre.
No obstante
que las normas prevén la excepción a las incompatibilidades en casos como el
que me afecta –art. 16 in fine de la ley 22192; art. 4 de la
ley 23187; art. 9 del Decreto-Ley
1285/58-, y pese a la autorización
otorgada por esa Cámara de Casación mediante resolución 642/08 en el año 2008,
y a la impugnación que efectuara
respecto de las decisiones referidas, la medida se mantuvo.
Ante tal
situación me veo forzada a presentar esta renuncia, en tanto, pese al
reconocimiento legal del derecho que me asiste de defender a mi padre, el
citado Tribunal de Superintendencia lo ha negado reiteradamente, por lo que después de 28 años de haber ingresado al Poder Judicial de la Nación , considero que no puedo continuar
prestando funciones si para hacerlo debo resignar mis legítimos derechos y
obligaciones.
No
tengo otra opción entonces que presentar mi renuncia, a la que me veo forzada -reitero-
para poder retomar la defensa de mi
padre en los procesos judiciales en los que resulta injustamente imputado,
asistencia que no afecta mi dignidad ni mi
decoro, sino que por el contrario me honra.
Solicito
tenga a bien ordenar las medidas correspondientes a fin que se efectúe la
liquidación final de mis haberes y se expidan los certificados de servicios y remuneraciones en formulario de ANSES, y la
certificación de cargos.
Dios
guarde a V.E.
María
Laura Olea
DNI 13.968.163
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